Escándalo o derrota. Esas son las alternativas que aguardan a los Kirchner sobre su polémica decisión de manipular las reservas nacionales con un simple decreto de necesidad y urgencia. El escándalo podrí­a producirse en la Justicia; la derrota podrí­a sobrevenir en el Congreso. La desdicha polí­tica nunca es una experiencia solitaria. Los sindicatos y la inflación amenazan ya hasta con barrer el mito de que sólo el peronismo puede gobernar la indócil Argentina. El Gobierno no tiene equipo económico y, según parece, Néstor Kirchner decidió despedir a Amado Boudou, el sexto ministro de Economí­a de la era kirchnerista. En la lí­nea del horizonte asoma vagamente, así­, el boceto de una tormenta perfecta.

En su discurso de hace cinco dí­as, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pidió que todos los protagonistas polí­ticos respetaran las reglas básicas del sistema. La Corte prefiere jugar un papel arbitral y obligarlos a los antagonistas al diálogo que no conocen. Somos jueces de familia resolviendo permanentemente un divorcio , ironizan en el máximo tribunal de justicia. Es la estrategia que la Corte aspira a seguir en el caso de las reservas: que hablen y negocien los otros poderes.

Ninguno de los jueces del máximo tribunal quiere caer en una tentación que todos ellos tienen al alcance de la mano: la Corte podrí­a gobernar la polí­tica y la economí­a si se volcara rápidamente sobre todo los casos que cayeron en sus oficinas.

Sin embargo, la sala IV en lo Contencioso Administrativo, integrada por dos jueces muy cercanos al Gobierno, podrí­a provocar un enorme escándalo polí­tico y judicial. Ese tribunal deberá resolver (el martes, probablemente) la apelación del Gobierno ante la Corte por los dos fallos anteriores que le impidieron a la administración hacerse de las reservas. La Cámara tiene tres alternativas: rechazar la apelación (la Corte no trata casi nunca apelaciones sobre medidas cautelares), aceptarla con carácter devolutivo (dejarí­a firme las sentencias anteriores hasta que se pronuncie el máximo tribunal) o aceptarla con carácter suspensivo (que significarí­a la suspensión de todos los fallos anteriores). Esto último le permitirí­a al Gobierno manotear las reservas antes de que se pronuncie el Congreso, dentro de unos diez dí­as.

Un escándalo judicial mayor se producirí­a si el Gobierno desconociera que aún está vigente otra medida cautelar de la jueza Marí­a José Sarmiento sobre las reservas. Lo resolvió sobre la base de una presentación inspirada por la diputada Graciela Camaño, que adivinó las trampas de la polí­tica y evitó a la Cámara cuestionada; esa causa también objetó el DNU de Cristina Kirchner y la firmaron, entre otros, Felipe Solá y Alfredo Atanasof. La apelación oficial está en la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, la misma que siempre le dio la razón a Sarmiento.

El Gobierno se olvidó de esa causa y nunca pidió unificarla con las otras; el tribunal estuvo moviendo el expediente relegado en los últimos dí­as. No lo abandonó. Si la sala IV habilitara de hecho el uso de las reservas, ¿cómo se explicarí­a que el Gobierno ignorara otro fallo que también le prohí­be darle un manotazo al Banco Central? ¿Qué harí­a el Gobierno ante dos fallos vigentes y contradictorios de la Justicia? La mancha del escándalo se ampliarí­a aún más si forzara la interpretación de una sola resolución judicial.

Mañana, a primera hora, el radicalismo recusará a todos los jueces de la sala IV, pero sobre todo a Sergio Fernández y a Luis Márquez. Lo hará porque Sergio es hermano de Javier Fernández, célebre por su capacidad para influir y presionar sobre los jueces en nombre del kirchnerismo. Versiones confiables indican que esos jueces habrí­an coincidido en que están demasiado expuestos como para decidir una medida escandalosa, pero otras informaciones señalan que la presión oficial sobre ellos es insoportable en las últimas horas.

Ellos tienen claro que los favores recibidos se pagan en los malos momentos, como es éste , deslizó, enigmático, un alto funcionario del Gobierno. Los jueces debieron tomar nota de otra novedad: el Gobierno acaba de perder una votación crucial en el Consejo de la Magistratura en el caso del increí­ble juez Faggionatto Márquez, defendido por el oficialismo.

Más allá del escándalo, si lograran sortearlo, estará la derrota. Un grupo importante de senadores peronistas está proponiendo que directamente el Gobierno derogue el decreto de necesidad y urgencia y enví­e un proyecto de ley al Congreso. La derrota del DNU podrí­a ser estrepitosa. Hasta ahora, los números están 37 a 35 a favor del rechazo del decreto, pero el resultado podrí­a ser todaví­a peor.

Tres o cuatro senadores que están entre los que votarí­an por el Gobierno comenzaron a dudar. Resulta que Verna es ahora un héroe y nosotros tenemos que levantar la mano detrás de Pichetto, se quejó uno de los oficialistas. Muchos de ellos concluirán su mandato en 2011 y aspiran a renovar como senadores, a ser candidatos a gobernador de sus provincias o, simplemente, a ser bien recibidos entre sus vecinos cuando regresen a casa.

Néstor Kirchner no se acordó bien del senador Carlos Verna en una reunión reciente con dirigentes gremiales. Recordó todo su pasado con una furia sin disimulos. Verna firmó el acta con otros 36 senadores (que significó la mayorí­a de 37) para dejarlo en minorí­a al oficialismo en todas las comisiones de la Cámara alta. El Gobierno no tendrá el senador número 8 en ninguna comisión (necesario para habilitar el tratamiento de los proyectos en la sesión plenaria del cuerpo) y ha perdido la mayorí­a en todas las comisiones (habrá 7 senadores oficialistas y 8 opositores en cada una de ellas). El Senado dejó de ser kirchnerista , se ufanó el radical Ernesto Sanz.

Hasta el viernes, el Gobierno se negaba a enviar un proyecto de ley sobre las reservas. La oposición lo modificarí­a en el Congreso, sospechaba, hasta sacarle cualquier utilidad. No se equivocaba. El proyecto que imaginan los opositores (peronistas disidentes incluidos) contemplarí­a la cesión de un porcentaje significativo de esas reservas a las provincias, que deberí­a ser repartido según el régimen de coparticipación federal. Kirchner necesita con urgencia todo lo que pueda arrebatarle al Banco Central y no sólo una módica parte. El déficit crece y el gasto público es el mayor de la historia medido según su relación con el PBI.

El Gobierno dice otra cosa y ése es su error polí­tico. ¿Cómo convencer de la necesidad económica si la economí­a vive, según la Presidenta, las ví­speras de otro esplendor? La inflación golpea. Los maestros acaban de conseguir un aumento nacional del 22 por ciento, que deberán pagar las provincias. Cristina Kirchner se autoelogió, cómo no, por el aumento a los docentes, pero no dijo que los mandó a cobrar en cajas ajenas y exhaustas. Las provincias no tienen plata y el gobierno nacional les escamotea recursos. La Corte Suprema de Justicia se apresta a sentar en un diálogo urgente a la provincia de Santa Fe y al gobierno nacional.

El aumento de los docentes suele ser un piso. ¿Cuánto pedirá Moyano para los camioneros? ¿El 30 por ciento? Dirigentes cercanos al jefe cegetista adelantaron que, por ahora, pedirán paritarias cada seis meses. Ningún acuerdo salarial superará los seis meses porque no sabemos cuál será el ritmo de la inflación , dijeron. Las negociaciones serán, entonces, constantes. Néstor Kirchner fue notificado de esa decisión por gremialistas supuestamente amigos.

Kirchner está cocinando esas ensaladas tí­picamente kirchneristas, indigestas para cualquier ministro de Economí­a. Se reúne con ex ministros de Economí­a suyos y hasta con Guillermo Moreno para pedirles consejos sobre la inflación; Boudou no participa nunca. Busca que Boudou se vaya por su cuenta, pero nadie sabe si tienen un reemplazo. El problema, desde que se fue Roberto Lavagna, es que el verdadero y eterno ministro de Economí­a es el propio Kirchner. La lista de candidatos homologables se achica entonces hasta convertirse en nada.

¿Recortar las cosas innecesarias del gasto público? Eso es liberalismo, dicen. ¿Reducir la oferta monetaria? Eso es monetarismo, replican. El discurso como remedio para la crisis más importante desde 2003. Así­, el laberinto no tiene salida para los Kirchner, porque la economí­a no es una cuestión lí­rica, sino contable.
Fuente: Joaquí­n Morales Solá "“ Diario La Nación