Ampros ha sido notificado por la Subsecretaría de Trabajo para el día martes 8 de mayo a las 12:00 hs., para acordar los servicios mínimos que se prestarán los días de paro (10 y 11 de mayo )

Fuente. Diario Los Andes

Ante la huelga en Salud, el Gobierno y los gremios negociarán servicios

La Subsecretaría de Trabajo convocará a las partes para que acuerden la atención mínima durante los dos días de paro la semana próxima.

La Subsecretaría de Trabajo convocará en las próximas horas a los representantes paritarios de Ampros, ATE y al Gobierno provincial para que negocien los porcentajes de prestación de servicios que se aplicarán durante los días de huelga, jueves 10 y viernes 11. Se descuenta que las medidas de fuerza serán ratificadas por la asamblea interhospitalaria convocada para hoy por los sindicatos. 

Es de esperar una negociación no menos dura que la salarial -en la que no se ha llegado a un entendimiento- ya que el Ejecutivo intentará subir al máximo los niveles de prestación durante las jornadas de huelga y los gremios pujarán por no reconocer más allá de los servicios esenciales de día domingo o feriado.

En caso de un muy posible desacuerdo, es posible que el conflicto de la Salud vuelva a reeditar lo sucedido bajo el gobierno de Celso Jaque entre 2008 y 2010. A lo largo de esos años se sucedieron paros por tiempo indeterminado que superaron las tres semanas de duración, se produjo una acumulación de descuentos de días no trabajados (en algunos casos luego pagados por \"devolución de jornada\") y la puja llegó a los tribunales.
 
Los funcionarios de Jaque siempre responsabilizaron al antecesor gobierno de Julio Cobos de haber favorecido el nivel de reclamo en la Salud con la firma \"bajo presión\" del convenio sectorial de Ampros -que siempre consideraron inaplicable-, para desactivar los conflictos.

En julio de 2008, un fallo de la jueza María Ruggeri ordenó el levantamiento de las medidas de fuerza (tras 21 días de paro) \"en resguardo del derecho a la salud de los niños\". La decisión fue apelada por los gremios ante la Cámara Civil, que en marzo de 2009 declaró la incompetencia de la Justicia de Familia en temas laborales. 

Esta decisión, a su vez, fue recurrida por el gobierno de Jaque, por lo que el tema se encuentra en la Suprema Corte. Por entonces, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, buscó avanzar en una reglamentación amplia que garantizara los servicios básicos durante las jornadas de protesta, que incluía no sólo a la salud sino también a la educación, el transporte y la Justicia. 

Comisión de Garantías

En caso de que la reunión entre el Gobierno provincial y ATE y Ampros no alcance un acuerdo, la ley dispone que se solicite un dictamen a una Comisión de Garantías. Ésta funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y está compuesta por cinco miembros especializados en Derecho del Trabajo. Este organismo \"definirá el servicio mínimo que debe cumplirse durante el desarrollo del conflicto, procurando resguardar tanto el derecho de huelga como los derechos de los usuarios afectados\". 

Aunque todavía no se conoce a ciencia cierta hasta qué punto el gobierno de Francisco Pérez retomará la línea de acción de Jaque para minimizar los efectos sobre la población de un conflicto en la salud pública, trascendió que estudia impulsar que las medidas de acción directa no puedan exceder de dos días a una semana ya que \"deberán ser anunciadas con una antelación de cinco días corridos, a fin de facilitar la reprogramación de las prestaciones\".

Que durante los días de huelga \"será obligatoria la concurrencia de los jefes de servicio y de los directores de los centros de salud para cumplir sus funciones dentro de los horarios normales y habituales de atención\" y que \"todos y cada uno de los médicos deberán permanecer en guardia pasiva durante el período de la huelga\". 

Se descuenta también que adoptará medidas ya aplicadas en casos similares, como que \"en cada hospital y unidad sanitaria en que se lleven a cabo medidas de fuerza, el director del hospital o centro de salud y los jefes de servicio, se reunirán diariamente para evaluar las necesidades, pudiendo convocar al profesional o profesionales que se encuentren afectados a la guardia pasiva\".

Se espera además que el Gobierno ratifique que \"los servicios de salud y hospitalarios de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto, así como de los niños, ancianos y personas discapacitadas, no pueden tener restricciones\".

Finalmente, es de esperar que ATE y Ampros apelen, como en otras oportunidades, a normativas de la legislación internacional y a disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo en resguardo del derecho de huelga.