Específicamente, la dirigente sindical denunció ante Radio Mitre Mendoza, que de los $ 300 que se deben cobrar, según lo acordado por ese gremio y el Gobierno, se estarían pidiendo $ 500.

Cuatro personas investigadas y un escándalo en puerta. Ese es el panorama al cual se enfrenta el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, quien deberá dar explicaciones a partir de una serie de denuncias anónimas que aseguran que los empleados a cargo de otorgar las matriculaciones para profesionales y no profesionales del sector cobraban dinero extra para agilizar o, simplemente, llevar adelante los trámites correspondientes.

La situación comenzó a tomar fuerza la semana pasada, cuando los cuatro empleados que se
desempeñaban en la oficina de Matriculación de la cartera, fueron acusados por incrementar irregularmente el valor de las autorizaciones para los profesionales de la salud. Al parecer, los incriminados utilizaban dos métodos para hacerse de un dinero extra, que no era registrado ni ingresaba a las arcas estatales.

La primera denuncia está basada en el proceso que deben realizar los trabajadores para obtener su permiso. Normalmente, las personas deben dirigirse a la oficina de Matriculación para llevar adelante el trámite y, posteriormente, hacia el sector de Tesorería para abonar un canon de 300 pesos –en el caso de los profesionales– y 180 pesos quienes no lo son. Sin embargo, varios testimonios indican que ese sistema no era respetado y aseguran que se emitían facturas irregulares.
En algunos casos, los montos que se exigían para desarrollar los documentos oscilan entre 500 y 1.000 pesos, aunque ahora deberán ser los auditores del Ministerio de Salud los encargados de demostrar la veracidad de las acusaciones.

No obstante, si se comprueba la existencia de irregularidades en el proceso que se está investigando, la Provincia también podría verse afectada, ya que todo el dinero que circulaba ilegalmente nunca fue a parar a la caja del Ejecutivo.

El segundo escenario planteado es distinto del primero, aunque, hasta el momento, tampoco incluiría a los empleados del departamento de Tesorería como cómplices. Los testimonios indican que desde la oficina de Matriculación se maltrataba a los trabajadores que acudían a solicitar su documento y se les hacía entender que su trámite podía demorarse. Uno de los empleados les ofrecía agilizar el papelerío por un monto extra al de 300 pesos que, en este caso, sí se registraba en la Casa de Gobierno.

Por lo tanto, y en este caso en particular, el ingreso legal que debe desarrollarse para este tipo de operaciones sí entraba en las arcas del Estado provincial, mientras los acusados recibían un dinero extra por realizar correctamente su trabajo.
Por otra parte, uno de los aspectos más importantes del caso está ligado al tiempo que los acusados llevan trabajando en la oficina de Matriculación. Las autoridades de Salud informaron que los funcionarios tienen 4 años en sus puestos, por lo que, si se comprueba la ilegalidad de los actos, resultará clave determinar cuándo comenzaron a producirse los ilícitos, para tomar conocimiento sobre la cifra real de la presunta estafa.

SORPRENDIDA. Luego de participar en una nueva reunión paritaria con el Ejecutivo provincial (ver página 4), la titular de Ampros, Isabel del Pópolo, se refirió a la situación y cuestionó severamente el desempeño de las autoridades del Ministerio de Salud.

Consultada sobre la notoriedad que alcanzaron las denuncias efectuadas la semana pasada, la dirigente gremial explicó cómo tomó conocimiento sobre la situación: \"Me enteré sorpresivamente el viernes, cuando fui por una matrícula que creía que tenía problemas, porque no coincidía con el sello del profesional y me encontré con que se están cobrando 500 pesos por matrícula. Es algo muy grave\".

La titular de Ampros focalizó sus críticas a partir del acuerdo que se estableció con el ex ministro de Salud Juan Carlos Behler, quien estuvo al frente de esa cartera durante la gestión de Celso Jaque. \"Nosotros habíamos firmado con Behler el valor de la matrícula en 300 pesos, por eso entendemos que estamos hablando de una irregularidad importante\", explicó, mientras dejó entrever que los trabajadores que se han presentado en el último tiempo para renovar su matrícula (debe realizarse cada 5 años) también habrían sido estafados.

PALABRA OFICIAL E INVESTIGACIÓN. Mientras las denuncias se acumulan y cada vez más acusaciones recaen sobre la oficina de Matriculación, el Ministerio de Salud decidió iniciar una investigación para llegar al fondo de la cuestión.

El encargado de referirse a lo que comienza a perfilarse como un verdadero caso de corrupción fue el subsecretario de Planificación y Control, Alejandro Aznar, quien informó que las cuatro personas acusadas fueron apartadas de sus cargos y trasladadas a la Subdirección de Asuntos Profesionales. Además, las autoridades decidieron cerrar la oficina sospechada y se hizo una copia de seguridad de la información contenida en las computadoras que eran utilizadas en el lugar.

Mientras tanto, Aznar explicó que la investigación está siendo desarrollada por un instructor sumariante, la Dirección de Administración y la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio.

Sobre el funcionamiento de la dependencia sobre la que recaen las sospechas, el funcionario explicó: \"En esa oficina no se pueden efectuar pagos, lo que se hace allí es un trámite administrativo y no tenemos ningún antecedente de que nos digan que por un trámite acelerado haya un pago adicional\".

En cuanto a la posibilidad de que el Estado provincial también se haya visto estafado por el accionar de los empleados, el subsecretario de Planificación y Control, afirmó: \"No nos podemos adelantar, sobre todo, por respeto a algunas de las personas que trabajan en esta oficina\".

Sin embargo, el funcionario reconoció que la sospecha sobre las irregularidades se produjo \"a través de la consulta de un profesional y se identificó un comprobante que daba lugar a una sospecha. Se tomó ese comprobante y, a partir de eso, se llevó adelante la separación de las cuatro personas que trabajan en matriculaciones y certificaciones\".

No obstante, según informaron desde el quinto piso de la Casa de Gobierno, se están analizando otras facturas que fueron incorporadas a la causa y que también habrían sido emitidas en forma irregular. \"Desde que iniciamos la gestión nos focalizamos mucho en generar ambientes de control\", indicó Aznar, respecto de las audiciones que se están realizando por estas horas. 

INVESTIGACIÓN

Mientras las autoridades del Ministerio de Salud decidieron iniciar una investigación a partir de la sospecha por el cobro irregular de matrículas para profesionales y no profesionales de la salud, se estima que sólo en un mes se realizan cerca de 200 trámites entre renovación y concesión de matrículas.

Además, de comprobarse el desarrollo de hechos ilícitos, el Ejecutivo se vería ante un caso de corrupción importante, sobre todo, si se tiene en cuenta que los funcionarios acusados llevan trabajando cuatro años en el lugar.
El subsecretario de Planificación y Control, Alejandro Aznar, indicó que la investigación se encuentra hoy bajo secreto de sumario pero explicó que es muy probable que antes del fin de semana existan más novedades del caso.
Las personas sobre las que recaen las denuncias fueron apartadas de sus cargos y se
las derivó al área de Asuntos Profesionales.