ATE y Ampros consideran que la ley aprobada favorecerá el pago en negro. Cuestionan que no contempla a jueces ni a funcionarios.

“Haremos los planteos legales que correspondan. El tema ya está en manos de nuestros abogados. Las presentaciones las haremos una vez que la ley (de tope salarial) sea promulgada”, confirmó la secretaria general de Ampros, Isabel del Pópolo. “Para nosotros la ley es inconstitucional. Puede haber una ley de sueldos para los funcionarios pero no para los trabajadores cuyos ingresos se deben definir en paritarias”, enfatizó.

“Acá se ha aprobado una ley para 106 profesionales médicos (con ingresos superiores a los 40 mil pesos por mes) que trabajan en especialidades críticas o en zonas desfavorables de la provincia. Se habla de 800 personas que cobran más que el Gobernador, pero la ley no toca a los jueces”, se quejó Del Pópolo. Los planteos de inconstitucionalidad se pueden presentar únicamente -y en forma directa- ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

La titular de Ampros consideró que la aplicación de la ley de techo salarial tendrá como consecuencia “el desaliento y el despoblamiento en unas cuantas especialidades”. Agregó: “Por un lado les ponen techo y por el otro están ofreciendo contratos y convenios adicionales. Esto va a terminar vaciando a la Salud pública”, enfatizó.

Por su parte, la secretaria general de ATE, Raquel Blas, consideró que “esto no es una ley de sueldos; es una ley de intangibilidad de los sueldos de los funcionarios y de los jueces porque no se va a tocar ningún sueldo de fiscales, intendentes o de ninguno de ellos concretamente. Lo que se hace con esto es poner un tope a los sueldos de los trabajadores”.

Agregó que “ésta es la ley de la impunidad de los cargos políticos. No hay ninguna ley de sueldos que ordene nada. Incluso en muchos casos se va a terminar favoreciendo el empleo en negro, porque cuando tengás a una persona con mucha antigüedad que tiene una función importante y no la puedan retirar, seguramente le van a pedir que cobre una parte en blanco y lo otro por caja en negro. Para ellos es un negocio redondo porque son muchos menos aportes a la seguridad social y, para el trabajador, es un perjuicio grande. A mí me preocupan todos los negociados que se puedan hacer por debajo. No hay ninguna ley que transparente el funcionamiento de los cargos políticos o que controle al Estado. Hay impunidad, nada más”.

Las relaciones entre el Gobierno provincial y los gremios estatales ATE y Ampros, pasan por una de las tantas situaciones de deterioro que se repiten año tras año, aunque en el caso de 2014 han sucedido dos veces en el mismo año. Es a raíz de la confirmación oficial de que no habrá un nuevo aumento salarial antes de 2015 y del desencuentro producido en las dos últimas reuniones en la Subsecretaría de Trabajo, en las que el Poder Ejecutivo informó su decisión a los paritarios de los gremios de la administración central y la salud, mediante una nota.

Los sindicatos reclamaron un emplazamiento al Gobierno para que se presente a negociar, aunque a la Casa de Gobierno no ha llegado ninguna notificación de la Subsecretaría de Trabajo. El conflicto que se reflotó entre el Gobierno provincial y los sindicatos de empleados públicos se manifestó ayer cuando delegados de ATE de Parques y Zoológico, cortaron el tránsito en los portones del parque General San Martín con un largo petitorio de reclamos a partir de la entrega de la ropa de trabajo. Tanto en ATE como en Ampros y Sitea, se viene preparando un plan de lucha unificado.

En tanto, esta media mañana los paritarios oficiales se reunirán con los del gremio de Judiciales para evaluar la marcha de la inflación durante este año y su incidencia en los salarios. Los negociadores del Estado llevarán los índices de IPCNU (índice de precios al consumidor en núcleos urbanos) que muestra un 13,5 por ciento de alza promedio de precios entre enero y agosto de este año. Ese indicador difiere con el que manejan los gremios estatales, que miden con otros datos que son bastante más altos.

Fuente: Diario Los Andes - Marcelo Sivera

El gobernador será el que más gane

Los diputados transformaron en ley la idea de recortar, en los próximos años, los aumentos de aquellos agentes estatales que hoy cobran más que Pérez. Sobre todo apuntan a algunos profesionales de Salud.

La decisión estaba tomada y el debate fue rápido. A excepción de los legisladores del Frente de Izquierda, estaba claro que los diputados del Frente para la Victoria, la UCR y el PD avanzarían en la sanción definitiva de las dos iniciativas que el martes votó el Senado. Ayer la Cámara baja transformó en ley los proyectos de tope salarial, que apunta a que el salario del gobernador sea el más alto de la administración pública, y la nueva norma que regulará el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo, en la que se incluye la fijación de servicios esenciales en paros.

No se trata de dos leyes más sino de normas que apuntan directamente a las pretensiones de los gremios estatales, principalmente a ATE y Ampros. Pero, curiosamente, ningún referente de esos gremios estuvo presente durante el tratamiento. Incluso Isabel del Popolo estuvo hasta minutos antes de que se iniciara el debate, pero cuando empezaron los argumentos desapareció de la Legislatura.

Desde hace tiempo que la secretaria general de ATE, Raquel Blas, viene anunciando que cualquier tope salarial que restrinja lo que se discuta en paritarias es inconstitucional. El 25 de junio pasado, Diputados intentó votar un tope salarial, aunque con recorte del sueldo y aplicado inmediatamente, no como lo que se transformó en ley ahora. En aquellos días, Blas y Del Popolo anunciaban que resistirían judicialmente la medida. Ayer, ratificaron que recurrirán a la Justicia porque consideran que el texto viola la Constitución.

Al tratamiento de leyes en el recinto se le suele llamar debate. En estos dos casos se trató de apenas un intercambio de palabras. En la ley de tope salarial, la presidenta del bloque FpV presentó la norma y nadie más tomó el guante para defender el proyecto.

El diputado Héctor Fresina (FIT) manifestó su rechazo diciendo que esta norma, que no avanza sobre los magistrados del Poder Judicial, era un ataque contra los 106 trabajadores de la salud que cobran más que el gobernador Francisco Pérez, que se estaba avasallando el ámbito paritario y que se empujaba a los médicos a la actividad privada, para luego llamar al ministro Matías Roby “mercader de la salud”.

A continuación Cecilia Soria, también del FIT, dijo que se pretendía justificar el salario de los funcionarios, quienes deberían ganar lo que gana un docente con 26 años de antigüedad, tal como lo postulaba su fuerza política durante la campaña electoral del año pasado, cuando fueron la revelación.

Y se acabaron las objeciones. Se pasó a la votación y todos los partidos, salvo el FIT, votaron por un mecanismo para que en el mediano plazo el sueldo del gobernador sea el más alto de la pirámide salarial pública.

Ese mecanismo consiste en recortar los futuros incrementos salariales de aquellos agentes que cobren más que el gobernador al 30% del total del aumento acordado en las paritarias de cada sector estatal, de tal manera que en dos o tres años el emolumento de quien conduzca la provincia en ese momento sería el más alto.

Una hora más tarde fue el turno del otro proyecto. Se trataba de una nueva ley que reglamentará el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo para adecuar la tarea a los nuevos postulados de la legislación laboral nacional. En el medio de ese texto, vinieron dos capítulos conflictivos para los gremios estatales: los servicios mínimos que debería cumplirse en las huelgas y la conformación de la comisión de garantías que fijará esos servicios mínimos.

Los del FIT nuevamente anunciaron su rechazo. Fresina indicaba que la ley es un avance contra el derecho de huelga y que la comisión sería conformada por “alcahuetes del Gobierno”. Martín Dalmau dijo que este proyecto y el de topes salariales eran un paquete de medidas contra los trabajadores y Soria, que el proyecto lo habían recibido hacía 20 minutos y que “nunca se murió un paciente por un paro, pero que sí se morían por falta de insumos”.

El radical Martín Kerchner decía que el capítulo de los servicios mínimos era una copia textual de la ley nacional 25.877 y ésta a su vez replica lo que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, lo que parecía razonable como para ser aprobado.

Luego la oficialista Silvia Ramos dijo que el peronismo tenía una larga tradición en la defensa de los derechos de los trabajadores, por lo que “mal podríamos atentar contra ellos ahora”; por último el demócrata Rómulo Leonardi dijo que no era un atentado contra el derecho de huelga, sino para preservar la salud de los mendocinos. Entonces se repitió la votación anterior. FpV, UCR y PD aprobaron, los tres legisladores del FIT rechazaron.

Fuente: Diario Los Andes - Daniel Peralta