El paso dado por el Gobierno provincial de concursar cargos en el área de Salud es un aporte que debe ser destacado, en el camino para hacer más eficiente la administración pública. También debería alcanzar a otras ramas del Estado.

La decisión tomada por la Provincia de llamar a concurso 185 cargos jerárquicos en los hospitales Central, Notti y Lagomaggiore, y en el sureño Teodoro Schestakow, debe ser considerada, en principio, como un esfuerzo de transparencia e institucionalidad en la acción de gobierno. 

El llamado a examen de antecedentes y oposición definirá la situación de un poco menos de 200 puestos del sistema de salud, que tienen sus propios titulares y deberán ser revalidados ante otros competidores, con una vigencia de 5 años, tras los cuales se abrirá otra vez la pugna. 

Este proceso venía gestándose desde el año pasado cuando la Suprema Corte de Justicia dictaminó en una causa iniciada por Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud), en la que se reclamaba el cumplimiento de los concursos acordados entre los gremios de trabajadores del Estado y el gobierno de Cobos en 2007, con ratificación de la Legislatura.

Con anterioridad, el último llamado a concurso se había concretado durante la administración de Bordón (1987-1991), pero se suspendió ante un recurso judicial que cuestionaba la reglamentación. Más atrás en el tiempo, la modalidad se había concretado en 1969, durante la intervención federal del militar José Eugenio Blanco. 

A partir de esas iniciativas, nunca más hubo concursos posibilitando que el Estado se convirtiera en una bolsa de trabajo solo para el ingreso de allegados a los funcionarios. 

Por eso los funcionarios del área sostienen que las evaluaciones que se tomarán el mes próximo en los grandes nosocomios locales conforman un hecho histórico en la administración sanitaria. 

Abogamos para que este avance en la cartera de Salud sea el primer paso, pero no el único, hasta profesionalizar definitivamente a la administración pública, y ésta deje de lado el partidismo y el nepotismo. Pero debe garantizarse: transparencia en la competencia (no imponer “a dedo” condiciones que limitan la posibilidad de que se presenten aspirantes); la calidad e independencia del tribunal evaluador, y cierta flexibilidad mínima para decidir con libertad frente a opciones cercanas o parejas. 

Además de la evaluación de antecedentes (títulos, capacitaciones, cursos, publicaciones, trabajos sociales realizados), sería importante ponderar elementos que se están instalando crecientemente en los concursos universitarios: contactos internacionales, o institucionales, que puedan ser útiles para mejorar el desempeño del cargo a concursar, es decir la idea de que el concursante tiene detrás una “red” que puede resultar útil en el cargo y hacer una diferencia; “proyectos concretos a desarrollar”, qué desearía hacer o podría hacer la persona que concursa y que justifique que se la prefiera sobre otra, entre más valoraciones. 

En el ámbito internacional es frecuente que se hable de una llamada abierta (“open call”), no estrictamente limitada por puntajes previos ni por domicilio en el lugar.

Así se concursan cargos como jefes de policía, direcciones o jefaturas de áreas públicas, y “city manager” (administrador de la ciudad). Incluso no faltan quienes sostienen que cargos como director general Escuelas o algunas direcciones de la propia DGE o la función del titular del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) deberían ser concursados y el Gobernador tener flexibilidad para optar por diversos candidatos pero ya evaluados técnicamente. 

También resultaría oportuno que una instrumentación como la decidida pudiera alcanzar al ámbito de las municipalidades, que han multiplicado su personal y el hecho sólo trasciende en momentos preelectorales, generalmente por denuncias de la oposición de turno. 

Fuente: Diario Los Andes