Tras una extensa reunión realizada hoy entre el director de Administración de la DGE Gabriel Sciola, la coordinadora del Programa de Salud Laboral Silvina Nahman y la comisión Ejecutiva de AMProS, profesionales de la salud afectados a ese organismo manifestaron junto a la entidad gremial, su férrea oposición a la licitación en manos de una empresa privada, de la tramitación de licencias por enfermedad a todos los docentes de la provincia.

“¿Por qué si el Estado sabía esto, no tomó medidas ante la falta de infraestructura y sobre todo, de recurso humano, para atender con mayor celeridad el tema? El sistema no está colapsado”, expresaron los trabajadores afectados. Por su parte, la Dirección General de Escuelas dijo que continuará con el proceso licitatorio para que a partir de octubre el Programa “regionalice” la atención de la salud laboral de los educadores.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud manifestó su preocupación a funcionarios del organismo, debido a que quienes allí desempeñan sus tareas no han sido informados oportunamente por el Gobierno Escolar sobre tamaña decisión, por la que abonará 4 millones de pesos mensuales.

El Servicio de Auditoría Médica (SEAM) revisa las licencias largas, la aptitud psicofísica de los docentes y los cambios de funciones, “pero las tareas privatizadas como el control de licencias cortas y las correspondientes a ART presentan un pésimo desempeño y objetan mayores quejas entre los docentes”, sostuvieron unánimemente los profesionales afectados.

Desde AMProS, Claudia Iturbe, secretaria gremial, cuestionó que “pese al reclamo efectuado por los profesionales en numerosas oportunidades, tanto de mayor cantidad de recursos humanos como de infraestructura, la DGE hizo caso omiso. Lo que más llama la atención es la celeridad con que se ha dado este proceso licitatorio, lo cual genera importantes dudas en torno a la transparencia en la adjudicación del servicio”.

María Isabel Del Pópolo, secretaria General de AMProS, sostuvo: “El Estado, por una mala gestión, no tuvo la cautela de realizar un diagnóstico de situación. Si hablamos de que con unos 30 profesionales más, incluyendo sueldos, aportes e infraestructura, el Gobierno erogaría unos 600.000 pesos mensuales contra 4 millones, y solucionaría el problema de toda la provincia, nos preguntamos, ¿quién gana con esto?”.

Ana Cecilia Interlandi, médica psiquiatra del organismo, remarcó que “los profesionales de la Junta Médica nos especializamos en forma permanente y el dinero sale de nuestros bolsillos. Tenemos vocación de servicio y compromiso con nuestro trabajo y nos sentimos absolutamente dolidos ante esta situación”.

Quien mostró un desconocimiento absoluto sobre el funcionamiento del organismo fue el subsecretario Gabriel Sciola, ya que no pudo explicar por qué privatizará un servicio que funciona correctamente, pese a la falta de inversión del Estado.

Por su parte, Silvina Nahman, coordinadora de Salud Laboral, defendió a los profesionales y reconoció que no hay trabajo atrasado. “Hemos mejorado y modificado muchas cosas, no puedo decir nada sobre el equipo de trabajo. Nos faltan recursos, pero sí tenemos un personal de excelencia que da todo de sí”. Asintió que las condiciones edilicias distan de ser las apropiadas y que faltan insumos.

Daniel Jiménez, prosecretario gremial de AMProS, ratificó al cierre de la reunión que “el conflicto trasvasa a los profesionales y a la entidad privada, ya que hallarán los mismos problemas que tienen ante la falta de respuestas de la ART y la empresa. No veo que la solución sea la erogación de mayor cantidad de dinero en algo improductivo”.

“No le echemos la carga al profesional; busquemos cuál es la causa del problema. Desde AMProS, enfrentaremos las privatizaciones, ya que con mucho menos de 100 millones de pesos el sistema podría mejorar”, concluyó la doctora Del Pópolo.

El Gobierno Escolar manifestó su compromiso en las próximas horas, de brindar una repuesta en torno a si posterga, anula o continúa con la licitación prevista.