La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud informa que ante la falta de respuestas del Ejecutivo Provincial a la firma del decreto 1267/17, el cual fue enviado a todos los efectores de salud condicionando la continuidad laboral de los trabajadores estatales contratados o prestadores, y el descuento de adicionales a los trabajadores de planta si no presentaban un certificado “de libre deuda o plan de pago vigente” de impuestos provinciales (ATM Administración Tributaria Mendoza), hizo efectiva la presentación de la acción de inconstitucionalidad ante la Sala I de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Carlos Alico, asesor legal de AMProS, sostuvo que “esta mañana la efectuamos bajo expediente 1304206701-0. Más allá de que viola el Convenio Colectivo de Trabajo y las normativas vigentes, es una condena anticipada para cualquier agente estatal. El Gobierno se ha erigido, se ha transformado en el Poder Judicial, sancionando sin consultar ni siquiera cuáles son las bases de esa deuda.

“La pregunta que nos hacemos es qué pasa si se equivoca Administración Tributaria Mendoza, si es un error de Rentas. No le otorgan el libre deuda y dejan indirectamente de pagarle el salario –en el caso de AMProS- a los profesionales de la salud”, agregó Alico.

Por su parte, Claudia Iturbe, electa secretaria Adjunta de AMProS, añadió: “Entonces, se está condenando anticipadamente al administrado, sin saber cuáles son los fundamentos por los cuales dejan de pagar el salario y lo que es más grave, si efectivamente ese profesional registra deuda o no”.

Finalmente, Alico sostuvo que “esto ha violado la división de poderes. El gobernador no puede arrogarse la facultad de hacer esto sin saber si efectivamente el trabajador adeuda impuestos provinciales. ¿Qué pasa si Rentas se equivoca?

“Por ello, nuestro principal objetivo será frenar el sistemático avasallamiento del Convenio Colectivo de Trabajo, Leyes Provinciales y Constitución Nacional, ya que este decreto afecta directamente al salario como un derecho del trabajador protegido constitucionalmente”.