El Ministerio de Desarrollo Social admitió irregularidades de la conducción de la DINAF en el caso de la muerte de la niña Andrea íbalos. El subsecretario de Familia de esa cartera, Hernán Hernández, sostuvo que se les pedirá a los empleados Javier Riollo y Manuel González que se desvinculen de la ONG Tierra de Niños por su doble relación con el Estado. Por un lado son empleados de la DINAF y por el otro integran una ONG que cobra $10.000 por mes para monitorear niños en riesgo social.

Esta es una de las irregularidades administrativas que salieron a la luz a raí­z de la investigación iniciada por la Comisión de Derechos y Garantí­as de la Cámara de Diputados en el caso de la niña íbalos, que murió el 1 de mayo último luego de serias sospechas de haber sufrido maltrato en forma reiterada por parte de sus padres.

Varias irregularidades
El caso ha acumulado hasta ahora varias irregularidades: desde un principio se puso en la mira a la jueza encargada del caso, la titular del Quinto Juzgado de Familia, Elsa Galera, porque ordenó la restitución de la nena a la familia sin considerar que los informes de varios organismos especializados veí­an indicios concretos de maltrato familiar.

En segundo lugar el caso destapó otras dos situaciones que llamaron la atención de los miembros de la comisión. La jueza que ordenó la restitución a la familia se basó en un informe de la ONG Tierra de Niños, una organización que envió a personal empí­rico a relevar la situación familiar y que concluyó que no habí­a situaciones de maltrato. Y además se conoció que los integrantes de la entidad eran también empleados de la DINAF; por un lado cobran un sueldo como empleados y a la vez reciben $10.000 mensuales para monitorear a niños en riesgo.

Esta última irregularidad fue la que motorizó al ministerio para decidir que estos dos empleados no podrán seguir perteneciendo a la ONG mientras sean empleados públicos.

Hernández dijo ayer que esta situación viene desde el 2004 pero que ahora se iba a subsanar.

Sostuvo además que son entre 10 y 15 las organizaciones sociales que reciben fondos para hacer el mismo trabajo que hace Tierra de Niños, pero agregó que en los otros casos no se repiten los nombres entre la ONG y el Estado.

Hernández explicó que desde mediados de los años "™90 la polí­tica de protección de niños en riesgo tiene una doble descentralización que está manejada en forma compartida entre la DINAF, los municipios y organizaciones sociales.

Este mecanismo permite una mejor llegada al territorio y en este ordenamiento se fundamenta la DINAF para derivar el monitoreo de chicos que viven en condSara Gonzáleziciones de extremo riesgo.
Fuente: Diario UNO - Sara González