Bali, Indonesia, 3 a 6 de diciembre de 2013 

 Los resultados de décadas de globalización impulsada por las empresas son evidentes para la mayoría del 

mundo. El desempleo continúa afligiendo a millones de personas y afecta especialmente a la juventud 

trabajadora. La desigualdad continúa creciendo y se está socavando la calidad de los servicios públicos y de 

los derechos laborales. La liberalización y la especulación financiera en los mercados de materias primas 

han provocado fluctuaciones ruinosas en los precios de los alimentos y escaseces que causan males 

indecibles y muertes evitables. La crisis económica mundial inducida por las medidas temerarias y sin 

regular de los mercados financieros privados infligió sufrimientos inefables a los trabajadores y 

trabajadoras y ahora se está utilizando como justificación para implementar programas de austeridad 

punitivos y erróneos. 

 

La agenda de liberalización comercial ha causado mucho daño sin apenas conseguir abordar los desafíos 

fundamentales de nuestro tiempo. Los mercados no solo no propiciaron medidas para luchar contra el 

cambio climático sino que, en muchos casos, la privatización contribuyó a los desastres ecológicos. El 

desarrollo continúa estancado en demasiados países. La gran mayoría de la población mundial no tiene 

acceso a las protecciones sociales universales, a un trabajo decente y a un salario vital. Los acuerdos 

comerciales, al estar fuera de las normas de la Organización Internacional del Trabajo tripartita, promueven 

el flujo no regulado de migraciones laborales, al tiempo que debilitan las instituciones que protegerían de 

la explotación a estos trabajadores y trabajadoras. 

 

La corrupción continúa siendo una plaga para las comunidades, minando la confianza en los gobiernos y 

robando los medios que permitirían suministrar los elementos esenciales para la vida de muchas personas. 

La mayoría de la población mundial no tiene a su alcance un abastecimiento público de agua y energía, 

limpio, asequible y confiable. Y la agenda de comercio nada hace por volver a reglamentar los mercados 

financieros e impedir que una reducida élite continúe beneficiándose desmesuradamente, mientras 

desestabiliza la economía mundial. 

 

Y, sin embargo, jamás estuvo tan al alcance de la mano la posibilidad de ofrecer a las comunidades servicios 

públicos de calidad accesibles universalmente. Los ingresos empresariales continúan creciendo. Pero unas 

normas fiscales endebles o desfasadas se muestran incapaces de capturar los ingresos de las empresas para 

financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la gestión de residuos, el agua y la 

energía. Las compañías mundiales que promovieron la liberalización del comercio se benefician de poder 

eludir el pago de los impuestos que equitativamente les corresponderían. La actual agenda para la 

promoción del libre comercio no aborda en absoluto estas cuestiones. 

 

La proliferación de los acuerdos de libre comercio podría aportar beneficios netos a las compañías y 

naciones más poderosas, pero se trata de ganancias que no se distribuyen y que raramente llegan a 

quienes más las necesitan, exacerbando las desigualdades. Incluso la OMC admite a regañadientes que en 

el libre comercio hay ganadores y perdedores. 

 

Public Services International (PSI) is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver 

vital public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to 

quality public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other 

organisations.  

La próxima generación de acuerdos comerciales tiene poco que ver con los aranceles. Se centra en facilitar 

el acceso al mercado a las grandes compañías con las mínimas restricciones posibles. La nueva generación 

de acuerdos de comercio impide de hecho a los gobiernos elegidos democráticamente salvaguardar las 

normas medioambientales, laborales y sociales que puedan inhibir la actuación de las compañías. 

Propugnan una reducción de las protecciones a los trabajadores migrantes, tratándoles de forma inmoral 

como otro bien más, objeto de compraventa a través de los mercados liberalizados. Resulta alarmante que 

quienes negocian estos acuerdos desoigan las advertencias de la crisis financiera y pretendan prohibir 

precisamente la normativa financiera necesaria para garantizar que los mercados de capitales no puedan 

nunca más paralizar la economía. Es un escándalo la tendencia a crear derechos corporativos antepuestos a 

los derechos de la ciudadanía y de las naciones, especialmente los aplicables a través de tribunales 

privados. 

Para contar con la legitimidad a ojos de la mayoría, el marco mundial del comercio debe construirse sobre 

la base del respeto universal al desarrollo de los seres humanos. 

 

Debe ser abierto, equilibrado e inclusivo. Los miembros de la OMC deben dar el primer paso respetando el 

mandato de desarrollo otorgado en Doha a la OMC. 

 

Servicios públicos por el bien común 

Los servicios públicos no tienen cabida en los acuerdos comerciales, que se centran en los mecanismos de 

mercado y en el ánimo de lucro. Los servicios públicos de calidad son dinámicos y evolucionan para 

responder a las transformaciones del entorno, de la tecnología, a las prioridades políticas y a los objetivos 

sociales. Para ofrecer servicios públicos de calidad, los gobiernos han de contar con el máximo espacio 

político posible y con todas las herramientas normativas posibles. Los modelos mixtos público/privados no 

hacen sino aumentar la necesidad de espacio político y no sirven de base para la inclusión. Los servicios 

públicos ampliamente definidos, deben estar separados de todos los acuerdos comerciales. 

 

Los gobiernos deben poder regular los servicios esenciales 

Las normas del actual Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) no deberían servir de base para 

la liberalización. Las normas de Acceso a los Mercados del AGCS prohíben las reglas de interés público, 

aplicables por igual a compañías nacionales y extranjeras para promover la estabilidad financiera, la 

seguridad de los consumidores, la salud pública, la calidad medioambiental y el acceso universal a la 

educación, el agua, energía y los servicios de transporte. El AGCS contiene, además, limitaciones 

adicionales a la reglamentación nacional de las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de 

aptitud, normas técnicas y prescripciones en materia de licencias. Acuerdos futuros, como el Acuerdo del 

Comercio de Servicios (TISA), no deberían ampliar los requisitos de desregulación ya existentes en el AGCS, 

al contrario debería reducirlos. 

 

Sanidad y medicinas asequibles – No a los monopolios de patentes 

La Declaración de Doha en relación al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) reafirmó las flexibilidades contenidas en los ADPIC y su utilización 

para abordar las necesidades de salud pública de los Estados miembros de la OMC. Sin embargo, las 

negociaciones que siguieron a dicha declaración concluyeron sin llegar a establecer un mecanismo viable 

para traducir los derechos acordados en un acceso real. Los Estados miembros deben revisar la decisión del 

30 de agosto de 2003 de no aplicar el Artículo 31 (f) de los ADPIC, y la subsiguiente decisión de enmendar 

los ADPIC en 2005, y mejorar estas decisiones para hacerlas más viables. Los miembros deberían acordar 

una moratoria permanente sobre las demandas de \"no violación\" en el contexto de los ADPIC y proceder a 

una renuncia permanente de las obligaciones de los ADPIC para los países menos avanzados, sin condición 

alguna. 

 

Estabilidad financiera - no a la desregulación financiera 

Las normas de desregulación y liberalización de la OMC en el sector de servicios financieros establecen el 

escenario para la crisis financiera mundial. Sin embargo, mientras en el G20, la mayoría de los gobiernos e 

incluso el FMI han reconocido la necesidad de volver a regular el sistema financiero, las normas del AGCS 

de la OMC obstaculizan los esfuerzos encaminados a la regulación financiera. Las propuestas actuales en las 

 

negociaciones de AGCS impondrían limitaciones adicionales a la reglamentación nacional y ampliarían el 

alcance de los requisitos de desregulación. Son necesarios cambios inmediatos en las normas actuales del 

AGCS en relación a los servicios financieros, y no se debería acometer dentro de la OMC ninguna nueva 

desregulación y liberalización de los servicios financieros. Las normas existentes y propuestas del AGCS 

deberían revisarse a la luz de la crisis financiera y, a continuación, clarificarse para garantizar espacio 

político a todos los países para que puedan aplicar medidas macroprudenciales, tales como los controles de 

capitales y las tasas a las transacciones financieras, así como implementar otras medidas financieras 

regulatorias y cautelares. 

 

 

Las normas comerciales que apoyan los derechos a la alimentación 

Los productos alimenticios no son un producto más. El derecho a una alimentación nutritiva, segura y 

suficiente es un derecho humano. El aumento de la desregulación y liberalización de los mercados de 

productos alimenticios han expuesto a pequeños granjeros, trabajadores y consumidores a fluctuaciones 

inaceptables tanto en los precios como en la disponibilidad de los alimentos, que han tenido efectos 

devastadores para las personas más vulnerables del planeta. Se deben rechazar la excesiva especulación de 

los mercados de materias primas y aquellas normas alimentarias mundiales – redactadas en gran medida 

para satisfacer a las empresas de la industria agraria – que tratan los alimentos como productos para el 

lucro corporativo. Se tiene que respetar el derecho de los países en desarrollo a subvencionar alimentos 

para los pobres, incluso a través de pagos directos a agricultores pobres, tal y como se propone en las 

actuales negociaciones del G33, a fin promover la seguridad alimentaria y el derecho a recaudar aranceles y 

otras medidas que posibiliten la protección del medio de vida de los agricultores, el desarrollo rural y la 

seguridad alimentaria, a través de un tipo de mecanismo de salvaguardia especial más flexible (SSM) que el 

que propone actualmente la OMC. No se debería pedir ningún compromiso adicional en materia de 

agricultura a los países menos avanzados. Las normas comerciales deben modificarse para facilitar la 

adecuada reglamentación de las materias primas con el fin de evitar la excesiva especulación y volatilidad 

de los mercados mundiales. 

 

Los acuerdos comerciales no deberían regular la migración laboral 

Los trabajadores y trabajadoras no son mercancías y los acuerdos comerciales no deberían regular sus 

movimientos. Contrariamente a los bienes y servicios, las personas necesitan instituciones que protejan sus 

derechos humanos. Sólo el proceso de establecimiento de normas tripartito de la Organización 

Internacional del Trabajo es competente para regular la migración laboral. 

 

La OMC no es el foro para establecer la política relativa al cambio climático 

La liberalización del comercio y la expansión del mercado no pueden abordar el cambio climático. Los 

principios de desarrollo sustentable no son esenciales para la OMC y esta no debería limitar el espacio 

político de las autoridades competentes para resolver los problemas relacionados con el clima. Las normas 

de los ADPICS deberían enmendarse para permitir que los países negocien flexibilidades adicionales al 

régimen de propiedad intelectual en relación con la transferencia de tecnología, incluso en otros órganos 

multilaterales que abordan el cambio climático. Las políticas en relación con el cambio climático no 

deberían ser puestas en tela de juicio a través del mecanismo de resolución de conflictos de la OMC. La 

OMC debería abstenerse de introducir una nueva agenda sobre el “cambio climático”. 

 

No al libre comercio sin sindicatos independientes y sin derechos laborales fundamentales 

El derecho a formar y a afiliarse a sindicatos independientes, a negociar colectivamente y a la huelga son 

derechos humanos. Los países, presionados por los intereses empresariales, a veces socavan estos 

derechos para obtener una ventaja competitiva. No hay igualdad de condiciones si se permite que haya 

países que violen los derechos humanos y laborales fundamentales; esos países deberían ser excluidos de 

los beneficios de cualquier acuerdo de libre comercio mientras continúen violando dichos derechos. 

 

El comercio debe servir para el desarrollo 

El comercio debe ser una herramienta para el desarrollo a disposición de los países en desarrollo. El 

comercio no es un objetivo en sí mismo. Si el resultado del comercio, a raíz de las normas vigentes o 

 

propuestas, merma de hecho la capacidad de desarrollo de la población pobre y de los países pobres, será 

necesario introducir nuevas normas. Los miembros de la OMC deberían concluir un acuerdo que responda 

a las 88 propuestas que aparecieron previamente en las negociaciones, con el fin de hacer más operativos y 

eficaces los principios de Trato Especial y Diferenciado; simplificar las normas de origen a fin de mejorar el 

acceso a los mercados de los países en desarrollo; facilitar un acceso sin impuestos y sin cuotas a todos los 

productos de los países menos avanzados; eliminar todas las subvenciones al algodón, y ampliar 

indefinidamente las exenciones a los servicios que en la actualidad disfrutan los países menos avanzados.