Conversamos con la doctora Graciela Cola, abogada defensora de la familia de Luciana –la niña de 3 años que fue asesinada a golpes por su padrastro-. Él y su madre están detenidos.

-¿Cuál es el análisis que hace luego de saber que los funcionarios apartados de sus funciones por estar implicados en el caso por negligencia, ahora están en sus funciones?

- La verdad es que me enteré por ustedes. La nota dice que ellos van a cumplir tareas administrativas. Dos cosas, lo primero es que en un momento la doctora Claudia Ríos, la doctora Chaler y fiscales de los casos en el abandono de persona seguido de muerte, han secuestrado absolutamente toda la documentación relativa a los delitos por los cuales están imputados todas las personas.

“Esto significa que la separación del cargo es una medida preventiva de los funcionarios implicados para que no puedan tener ninguna influencia en las cuestiones probatorias. Por ejemplo, falsear documentación. Después de pasado ese momento entiendo que es pertinente que vuelvan a cumplir funciones. Pero no las mismas funciones por las cuales fueron separados, sino que no tengan que ver con el delito que se les imputa. Es un derecho del trabajador.

“Desde ese punto de vista me parece que se ha actuado bien. Primero en la recabación de pruebas se separó y la vuelta al trabajo en funciones que no tienen que ver con las funciones por las que están siendo investigados.

“No pueden cumplir la misma función hasta que no se revise la responsabilidad que tienen por haber cumplido determinada tarea. Me parece que está dentro de lo legal y estas tareas administrativas no van a impactar en nada en la determinación de la responsabilidad de los funcionarios. En la medida en que el ejercicio del derecho del trabajador no impacte negativamente en la responsabilidad penal por un hecho ocurrido con anterioridad me parece que no contradice ningún derecho”.

-¿Cómo avanza la causa?

- La causa sigue en instrucción. Ayer supe que declaró Claudia Iturbe, representante de AMPROS en la causa, y el testimonio de ella me parece fundamental. Claudia Iturbe aportó que desde 2008 hasta hace dos semanas atrás, el Ministerio de Desarrollo a cargo de Guillermo Elizalde, ha reconocido que no tiene los recursos para implementar la ley de niñez. Así que me parece que eso puede dar un vuelco del funcionario en la responsabilidad que tiene como muerte evitable.

-¿Como defensora, a quiénes responsabiliza?

-A Guillermo Elizalde. Porque él sabía perfectamente del vaciamiento de Niñez que se ejecutaba en su propio Ministerio. El Ministerio tiene deudas que ha dejado Elizalde, y en ningún momento de manera republicana y democrática ha dado cuenta de la gestión que ha llevado estos últimos años. Además de no haber dado cuenta de eso, se lo ha premiado con un nuevo Ministerio.

-Él sería el principal responsable político y de ahí para abajo.

-Sí, lamentablemente el hilo se corta por lo más fino. Pero soy optimista, después de las declaraciones de Iturbe… en algún momento la llamaré para ver si podemos determinar alguna responsabilidad de tipo penal y no solo política respecto de esta persona.

-¿Qué tiempos considera que la Justicia tendrá para este caso?

-Depende mucho de las defensas que se plantean, de lo que declaren, si se necesitan pruebas… Nosotros somos muy respetuosos del ejercicio de las garantías procesales. Le recuerdo que están en libertad todas estas personas, así que no está hostigada la fiscal por tener que resolver la libertad de esas personas.

“Por eso los tiempos son más laxos. Es una causa bastante grave, eso hace que los tiempos se estiren. Por eso no puedo darle una proyección de tiempo. Lo que puedo decir es que tengo una gran expectativa de que las cosas se hagan bien para todos: para ellos, para nosotros, para Luciana y para la ciudadanía en general que espera una respuesta”.

-¿Confía en la Justicia, está tranquila? ¿No tiene miedo de que el poder político avance sobre el Poder Judicial?

-Mire, le digo que en este caso es voz común que ante las terribles avanzadas del poder político y ante la violencia del Ministerio, concretamente que Elizalde y Cristian Bassin, han desplegado contra mi persona y la familia Rivas, la Justicia ha sido la única respuesta en este caso.

“No sé si tienen presente el caso Priscila de Buenos Aires. En ese caso que es muy similar, el abogado de la causa no ha logrado aún que sea llamado un funcionario público. Así que nuestra actitud es expectante pero ninguno de los acontecimientos que se han desarrollado hasta ahora, nos hace generar un manto de duda, al contrario”.

-Muchas gracias.

Fuente: Elevediez -Alejandro Parigi