Pablo Abeleira
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Desde que se supo que el Gobierno podría dar por terminadas las negociaciones con el SUTE a través de un aumento por decreto, los sectores sindicales coincidieron en señalar la posible medida como antidemocrática. Todos siguen atentos la paritaria docente, parámetro para el resto de los gremios.

La secretaria de AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud), Isabel Del Pópolo, señaló que de seguir el camino del decreto, el Ejecutivo “estaría incurriendo en una actitud antidemocrática”.

La titular del gremio que agrupa a los profesionales de la salud se animó a vaticinar lo que podría ocurrir si esta decisión se trasladaa todas las negociaciones: “Puede arrastrar un problema mayor, porque los trabajadores no vamos a dejar la lucha de lado”, dijo.

La posibilidad de que el aumento fijado para los docentes –sea o no por decreto– sea traspolada al resto de las paritarias es real. El propioGobierno se ha ocupado de instalar la idea de que la negociación con el SUTE sirva de denominador común.

El secretario de los judiciales, Carlos Ordóñez, manifestó su preocupación por depender de una negociación “en donde podría estar entrando a jugar la interna justicialista”.

Más allá de las especulaciones políticas, Ordóñez también se mostró en contra de un decreto que defina salarios. “El año pasado el Gobierno nacional y el provincial hablaban de paritarias abiertas, libresy democráticas. Aumentar por decreto no se condice para nada con aquella idea. Pero si se llegara a esa instancia, los gremios vamos a estar más unidos y mostraremos nuestro malestar de manera conjunta”, dijo.

En la misma línea se expresó el titular del SUTE, Javier Guevara: “Con un decreto se van a asegurarun conflicto para todo el año y habrá  más enojo de los docentes”, avisó.

Los estatales en su conjunto encuentran en el aumento del 50% para funcionarios y legisladores un argumento fuerte para sostener su postura. Para Ordóñez, hay una diferenciade criterios. “Detrás del aumento a  funcionarios, hay una lógica relacionada con la inflación. El problema es que a la hora de negociar con los trabajadores, no se aplica la misma lógica”, dijo.

Un antecedente
En junio de 2012 el Gobierno otorgó por decreto una suba del 20% a los judiciales. Había transcurrido medio año de negociaciones frustradas entre las partes y argumentando que el servicio de la Justicia mendocina era pobre dado el conflicto, dio aumento por decreto. 

Sin embargo, aquella medida provocó la agudización del conflicto y los judiciales salieron a la calle.

“Hicimos dos movilizaciones durante la feria judicial y conseguimos que se diera marcha atrás con el decreto. Logramos un incremento en la masa salarial que superaba al otorgado por decreto”, recordó Ordóñez.