AMPROS y ATE llevan adelante su tercera semana de medidas de fuerza, los martes y jueves por espacio de dos horas, que consiste en levantar carpas blancas y cortes de media calzada en algunas arterias, frente a los hospitales Lagomaggiore, Notti y Central. A este reclamo, en la oportunidad, se sumó la DINAF, un organismo que atraviesa .

Marta Ortiz, delegada de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, explicó: “AMPROS y ATE estamos juntos en esta lucha. Hemos puesto la carpa de hace dos semanas, donde pedimos a la gente la colaboración con una firma. Además les damos toda la información de los reclamos que estamos haciendo, ya que también les afecta.

“El pedido es que digan cuál es el problema que tienen en el hospital. Reclaman que el 0800 no funciona o no pueden pedir los turnos; la falta de medicamentos, mayor cantidad de especialidades para que los atiendan -a pesar de que este es un hospital de referencia- o requieren de mejor atención. Nosotros en cambio, solicitamos que los cargos no se vayan cuando se jubila la gente, ya que esto está sucediendo y provoca falta de recurso humano”.

Por otra parte, agregó que “con respecto al proyecto del 82% móvil, estamos juntando firmas los trabajadores de la salud de todo el país, para tratar de llegar al millón de firmas, a fin de que la iniciativa sea tratada y sancionada en el Congreso Nacional”.

Como medida especial, en esta oportunidad, los trabajadores de ambos gremios levantaron una carpa en la puerta de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMPROS, sostuvo que el Estado viola los derechos de los menores: “La verdad es que hay muchas falencias. La DINAF está pasando por graves problemas en recursos humanos, hay una falta de profesionales muy importante. Hay una política de descentralización, pero en realidad los niños siguen estando, se han trasladado a lugares en los que no hay condiciones adecuadas para ellos.

“Hay una mezcla de niños con problemas psiquiátricos, menores junto a otros mayores. El Gobierno no está dando ninguna respuesta, no hay residencia para adicciones, tenemos problemas en Casa Cuna y sabemos que no es ni del Ejecutivo ni de AVOME, o sea que no hay injerencia de ninguno de los dos. Por lo tanto, ninguno se hace cargo. La infraestructura está muy deteriorada y es una violación directa a la ley 26.061 de niñas, niños y adolescentes”.