Claudia Ríos, fiscal de Delitos Complejos tomó declaración testimonial a Claudia Iturbe, secretaria gremial de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, (Ampros), en el marco de la investigación para determinar la responsabilidad penal de los operadores que trataron el caso de Luciana Rodríguez, la pequeña de 3 años que falleció producto de una brutal golpiza.

En su testimonio, Iturbe repasó y dejó la documentación que acredita que desde el 2008 el gremio informó sobre las condiciones de precariedad en la que trabajaban los empleados y profesionales del Organismo Administrativo Local (OAL).

“En al menos unas 20 notas se notificó al Ministerio de Desarrollo Social y a otros organismos de las malas condiciones de trabajo y de la falta de recursos para tratar a las familias en riesgo. Incluso dimos vista a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, pero nunca nos contestaron”, señaló Iturbe.

La profesional demostró ante la Fiscalía de Delitos Complejos que los organismos que llevan la política de Estado en materia de familia, “estaban avisados de la situación y no actuaron en consecuencia”.

Los insuficientes recursos administrados en el presupuesto y el constante cambio del personal son dos factores, que según la referente de Ampros, hacen más compleja la tarea.

La Fiscalía de Delitos Complejos prosigue la investigación para dilucidar la responsabilidad de Fernando Herrera, quien se desempeñó como director de Protección de los Derechos del Niño. También quedaron involucrados los operadores de la OAL: Felipe Vizcarra, Vanesa Gianina Consina (coordinadora de la OAL Capital), Mónica Castro, Fabiana Lucentina y el  operador de guardia Mauricio Flores.

Sólo buenas intenciones

Tras el fallecimiento de Luciana Rodríguez el pasado 7 de enero, según investiga la justicia en manos de su padrastro, la situación en la Dirección de la Niñez y Adolescencia (Dinaf), “no sólo que no cambió, sino que empeoró”, dijo Iturbe.

“Hemos tenido reuniones con el Ministro de Desarrollo Social Cristian Bassin que tiene buenas intenciones, pero no tiene los recursos para la adquisición de vehículos que se necesitan para hacer la intervención a las familias”, consideró y resaltó, “menos en este momento, con el decreto que firmó el Gobernador con el que se frenan nuevas incorporaciones y la asignación de más recursos del presupuesto en ejecución”.

El ajuste en toda la administración pública se dio en una ocasión donde otros mecanismos de contención como el que ejerce la Escuela no están en vigencia para paliar la crisis familiar.

“Los chicos pasan más tiempo en la casa, sin actividades para evitar estar presentes en los incidentes y conflictos que atraviesa una familia en riesgo”, analizó Iturbe.

Fuente: Diario MDZ OL