El PJ sale al ruedo con una ley de tope salarial
Lunes 16 de Junio de 2014
El PJ sale al ruedo con una ley de tope salarial
El proyecto propondrá recortar los futuros aumentos de aquellos empleados que hoy cobran más que Francisco Pérez. Buscarán más soluciones para las distorsiones salariales del Estado mendocino.
\"\"por Juan Carlos Albornoz13 de Junio de 2014 | 06:25
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Pérez cobra menos que muchos empleados del Estado provincial. (Foto Pachy Reynoso/MDZ)

El PJ intentará instalar la semana que viene en la Legislatura el debate acerca de los sueldos de los empleados estatales, a través de un proyecto para reestablecer la \"pirámide salarial\" en la administración pública.

Esta iniciativa buscará que el sueldo del gobernador vuelva a ser el más alto. Aunque a ese objetivo se llegará dentro de un tiempo: la ley propondrá recortar los incrementos salariales futuros de aquellos agentes del Estado provincial que hoy cobran más que Francisco Pérez.

La realidad local ya ha disparado esta discusión en la Legislatura. Las últimas paritarias dejaron ver que hay una porción de los empleados que duplica y más la mensualidad de Pérez. Hubo quienes calcularon aumentos cercanos a los 15.000 pesos, debido a la suba del 30 por ciento. Se habló de unos 500 empleados en esa situación, aunque todavía nadie aclara cuántos son: la Legislatura pidió el listado de quienes ganan más que Pérez, por el Poder Ejecutivo todavía no lo envía.

A pesar de ello, se habla en la Legislatura de una \"distorsión\" en los sueldos estatales que se podría corregir a través de una \"ley sencilla\". El autor es el senador justicialista Fernando Simón, quien ya está haciendo correr su proyecto entre legisladores de la oposición para sondear si tiene consenso.

La \"ley de tope salarial\" pretende que lo que cobra Pérez sea \"el techo de la administración pública\", tanto para el Poder Ejecutivo como la Legislatura. A su vez, invitará a los municipios a acompañar la medida.

Por otro lado, propondrá una \"convergencia a futuro\" de los salarios superiores al del gobernador. Esa convergencia determinará que los aumentos que reciban estos agentes no podrán superar el 30 por ciento del incremento para el primer mandatario. De esta manera, gradualmente, los salarios más altos se irán acomodando dentro de la pirámide.

\"Esta es una ley que se puede sacar\", explicó Simón, quien no esperará a que termine el Mundial de Fútbol para proponerla.

El legislador recordó que ya hubo dos gobernadores que propusieron una reforma amplia de los regímenes salariales del Estado mendocino (Arturo Lafalla y Roberto Iglesias), pero ambos fracasaron en sus planes. En consecuencia, apostó a cambiar la táctica: dijo que hay que dar un primer paso con la ley de tope salarial para llegar más adelante a la discusión de fondo sobre los sueldos del Estado.

El diagnóstico del que parte es malo: \"En el Estado provincial hay 11 regímenes salariales distintos. Es una maraña compleja y existe una conciencia general de que hay que darle coherencia y orden\", explicó.

Esto lo comparten algunos radicales, como Sergio Moralejo. \"Se ha anarquizado el sistema porque no hay una pirámide salarial y no se puede tener una política de recursos humanos\", afirmó Moralejo. \"Las asimetrías son notables y esto genera distorsión en el gasto\", agregó el legislador, para quien el proyecto de Simón \"no ataca el problema de fondo, pero sirve como disparador\".

Sin la Justicia

El proyecto de Simón deja a un costado al Poder Judicial, para evitar polémicas que traben su aprobación debido a la intangibilidad salarial de la que gozan los magistrados. Tampoco afectará a organismos que tienen rango constitucional, como la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, donde los salarios están enganchados a los de la Justicia.

Sí se propone, en cambio, la adhesión de los municipios, donde los salarios se deciden con autonomía.

Según su autor, las claves para que esta ley salga son evitar cambios drásticos y, sobretodo, respetar derechos adquiridos. Es por ello que no habla de recortar los sueldos más altos que el del gobernador, como se propuso semanas atrás en la Cámara de Diputados, donde hay iniciativas similares del oficialismo y la UCR.

Simón ya ensayó este camino en el caso de la reforma electoral. El legislador propuso primero un cambio puntual: la incorporación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) al régimen electoral provincial. Pero en el camino, la propuesta creció y se transformó en una norma amplia, que incorporó el voto electrónico y la regulación de campañas y actividades de los partidos políticos.

El problema en este caso es que los legisladores creen que los gremios estatales van a reaccionar a la iniciativa y tratarán de evitar que los empleados con mejores sueldos pierdan beneficios.

Mendoza no es excepción

Las distorsiones en los salarios estatales no son propiedad exclusiva de Mendoza. Así lo indicó el Gonzalo Dieguez, director del programa de Gestión Pública de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

Si bien Dieguez consideró que \"es muy difícil conseguir información fidedigna\" sobre los regímenes salariales de las distintas provincias, indicó que en varias se notan desequilibros. \"Una persona que trabaja desde hace 30 años en el Estado gana lo mismo que un funcionario y Mendoza es parte de ese panorama\", precisó.

También es común en varias provincias que los empleados judiciales y de organismos recaudatorios tengan mejores salarios que otros agentes, debido al cobro de \"bonos\" que no reciben otras reparticiones del Estado.

El escenario que observa Dieguez muestra que la calidad no mejora a pesar de que está creciendo el empleo público en todo el país: \"En los últimos 14 o 16 meses, según datos oficiales, de cada dos puestos de trabajo que se crearon, uno lo absorbió el Estado\", afirmó el investigador.

El panorama actual produce, a juicio de Dieguez, \"el síndrome de sobrefalta, que quiere decir que sobran empleados públicos de formación baja, con sueldos chatos, pero faltan recursos humanos estratégicos, los cuáles se van a trabajar al mercado privado porque ofrece condiciones más atractivas\".

Para Dieguez, en esta realidad no incide positivamente el poder de fuego de los gremios, que son existosos en las batallas paritarias pero reactivos a las evaluaciones del recurso humano.

\"Si el propósito es evitar distorsiones, hay que hacer un relevamiento integral del empleo público, ya que el salario es una dimensión más de un enfoque integral que debe incluir reclutamiento, formación, capacitación y movilización ascendente\", sugirió el investigador.

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