Denuncian que los jefes la Comisión de Sanidad Animal son los dueños de las empresas que controlan
Jueves 03 de Julio de 2014

Fuente El Sol Line

Los empleados de la fundación Coprosamen exigen su pase a planta estatal. Por su carácter mixto, argumentan que los inspectores deben recibir órdenes de los empresarios agropecuarios a los que deben controlar.

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Por: Mariano Bustos mariano.bustos@elsol.com.ar

Los trabajadores de la fundación Coprosamen denunciaron que son los encargados de controlar a las empresas que comercian productos animales o derivados en la provincia, pero sus jefes son los dueños de esas mismas compañías que deben fiscalizar. “Esto no puede depender de la parte privada en el contralor de lo que es la salud pública de los mendocinos”, sostuvo su representante de gremial, Daniel Aguerregaray.

La Comisión Provincial de Sanidad Animal Mendoza (Coprosamen), que está bajo la lupa de la Justicia por graves irregularidades, es una entidad mixta que recibe dinero de la Nación. A pesar de que el gobernador Francisco Pérez firmó un decreto en el que se aprobaba el pase a planta permanente de los trabajadores de Coprosamen, el Senado no homologó el acuerdo paritario y lo derivó a comisiones para que sea estudiado en detalle. Allí, se determinó que no corresponde su aplicación y remitieron el expediente a Fiscalía de Estado.

El problema que esgrimen los legisladores es que no corresponde que se realice una intervención paritaria en una fundación con parte privada. Si bien desde Fiscalía de Estado informaron que todavía no ha llegado el expediente, el fiscal de Estado Subrrogante Javier Fernández sostuvo que el pase a planta permanente no es viable.

El decreto 1954/13, firmado por Pérez, establece la incorporación de los trabajadores “dentro de la Planta de Personal del Estado Provincial en los servicios de inspección, con un cronograma a partir del 1 de enero de 2014”. Sin embargo, la presidenta de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Claudia Segovia, manifestó que la Cámara Alta interpretó que no corresponde que una fundación tenga paritarias, por lo que se pidió la opinión jurídica de la Fiscalía de Estado.

Por su parte, Fernández aclaró que homologar este decreto podría significar un claro perjuicio para las arcas Estado. Pero al mismo tiempo, el fiscal de Estado admitió que no se puede delegar en los privados el poder de policía y sostuvo que éste tiene que estar en manos del Estado.

Al respecto, Daniel Aguerregaray -de Ampros, el sindicato de los profesionales de la salud que nuclea además a los trabajadores de la Coprosamen- argumentó que es “una incoherencia” que los empresarios sean quienes dirijan la función de control sobre la salud publica de los mendocinos. Por ejemplo, el gremialista sostuvo que el presidente de la fundación, Marcelo Montoya, es dueño de la empresa Juncal, dedicada a la fábrica de chacinados de origen animal. “Es decir que él -por Montoya- sería el que le da las órdenes a los inspectores, porque paga los sueldos de quienes tienen que controlar su fabrica”, esgrimió.

Por este reclamo, cerca de 79 trabajadores realizaron una medida de fuerza por 72 horas, en las que no se controló el peso de los camiones cargados con productos de origen animal que ingresaban y egresaban de Mendoza. “De todas maneras, garantizamos la realización de todos los controles bromatológicos, para no poner en riesgo la salud de las personas”.

Ante una falta de respuesta en el corto plazo, los trabajadores amenazan con reiterar la restricción de servicio a partir del lunes próximo. “Lo único que pedimos es que nos pasen a la planta del Estado, como se hizo con los trabajadores del Iscamen”, manifestaron.

Un organismo con escándalos por corrupción

La Fundación Coprosamen es una institución público-privada que se encarga de controlar la sanidad ganadera y maneja millonarios fondos públicos.

La gestión anterior de la Fundación está siendo investigada por Fiscalía de Estado, la Justicia y una comisión legislativa debido a que se detectaron graves irregularidades.

El 24 de abril, Fiscalía de Estado presentó la denuncia penal contra los consejos de administración del organismo ganadero por cobro ilícito de sueldos, desmanejos financieros y reiterados mecanismos de estafa.

Hace pocos días se supo que la documentación aportada por Fiscalía de Estado a Unidad Fiscal de Capital desapreció misteriosamente, complicando la investigación. Sin embargo, el fiscal subrrogante, Javier Fenrández aclaró que ya han vuelto a enviar una copia con todas las constancias que reunieron junto a la comisión del Senado. “La idea es que no se dispersen las denuncias”, aseguró.

La crisis de la Coprosamen estalló en 2013, a partir de la renuncia del entonces director de Ganadería, Lisandro Di Paolo, por internas en la fundación sin fines de lucro. A partir de allí, surgieron denuncias sobre los manejos irregulares de los consejos directivos, la intervención del organismo y las presiones del Gobierno provincial por hacerse del control del mismo, que tiene una caja importante de recursos a través de la recaudación de las barreras sanitarias.

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