La fiscal especial Claudia Ríos tiene en su despacho una denuncia (expediente P112667-14) contra el ministro de Salud, Matías Roby, en la que se lo acusa de que “nunca fue a trabajar donde decía que trabajaba” y pese a ello “cobró igual todos los meses”.

Los hechos que piden ser investigados se apoyan en \"certificados falsos de reparticiones en las que se dice que cumplió tareas, pero que en realidad nunca las cumplió\".

Esto se suma a que, según los antecedentes laborales del hoy funcionario, tiene “un período vacío, en el cual no hay pruebas ni nada”. Ese lapso va desde 1994, fecha de su ingreso al centro Coni, hasta 2005, cuando aparece el primer antecedente laboral.

La denuncia fue hecha por Isabel Del Pópolo, en su carácter de secretaria general, y Gladys Irene Velázquez, secretaria adjunta, de de la Asociación Civil Mendocina de Personal de Salud (Ampros).

Este gremio mantiene un enfrentamiento con el ministro, porque éste salió a cuestionar los sueldos que cobran algunos médicos y también denunció que varios no cumplían su horario.

En la presentación, se parte desde que Beatriz Barbera “desafectó” a Roby de la Secretaría de Deportes (durante la gestión de Celso Jaque, dos años antes de que el propio Roby presentara su renuncia y no se la aceptaran).

Entonces, fue enviado a su lugar “de origen en el Centro de Medicina Preventiva Emilio Coni, pero aquí el director, José Adamo, señala que a la fecha de emisión de dicho informe (2010), no hay registro de actividad de Matías Roby en ese lugar”.

En aquel momento, el médico respondió con un pedido de “adscripción a otro lugar”, lo que da lugar a las investigaciones sobre “cuándo y cómo trabajaba”.

El actual ministro, cuando se inició la investigación, reconoció  que su régimen era “de excepción” y que “estaba autorizado a cumplir sus tareas de funcionario público en su consultorio particular”.

Ahora, ante la consulta de Los Andes, evitó hablar sobre el tema; esto pese a los reiterados llamados a su celular (siempre contestado por su secretario) y las visitas realizadas al Ministerio, en el 5ª piso de la Casa de Gobierno.

 Según el escrito, que lleva la firma de los abogados Carlos Varela Alvarez y Lucas Fallet y está en manos de la fiscal Ríos, “ese régimen de excepción no está contemplado en ninguna disposición legal aplicable”.

Y se preguntan: “¿Qué sería de la administración pública si todos sus empleados y funcionarios pudiesen cumplir sus funciones en sus lugares particulares sin marcar tarjeta ni cumplir horarios?”

Pero este argumento ya fue tratado por el Consejo Deontológico, que dictaminó “que si bien es irregular que Matías Roby haya sido autorizado a trabajar así, la responsabilidad es de quienes lo autorizaron y no de él”. Remarcando que “la autorización es irregular pero que el régimen laboral es especial”.

Y a renglón seguido se aconseja la absolución del hoy ministro y que se inicie una investigación a los superiores que “autorizaron un régimen al margen de la ley”.

Esa resolución abrió paso a las actuaciones de la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta que se trata de \"erario público\" y ordenando investigar a quienes habían permitido, con su firma, este régimen laboral. Sin embargo no hay antecedentes de que se haya iniciado investigación alguna.

La denuncia penal
En la presentación se dice que todos coinciden en que Roby “no cumplió con ninguna de las normas que regulan el estatuto laboral del empleado público”. Sin embargo, la divergencia radica en la interpretación de tales hechos.

Para una instructora sumariante, por caso, “las irregularidades constatadas ameritaban la cesantía del sumariado”, así como la compulsa penal, mientras que el Consejo Deontológico, el fiscal de Estado y el propio denunciado, en su defensa, “coincidieron en que el régimen laboral que lo benefició era anómalo, descartaron intencionalidad en el sumariado, responsabilizando a sus superiores jerárquicos”.

En la presentación, y después de otras consideraciones, se señalan como posibles figuras penales: enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Y concluye: “La ley laboral, como toda ley, está para cumplirse, y las eventuales excepciones que se fijen deberán ser fundamentadas y reguladas a través de las vías que la propia ley determine.

Todo lo demás es ilegal, y todos quienes consientan o de alguna manera participen en dicha trama son partícipes necesarios de, al menos, el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público”.

Al explicar por qué presentaron esta denuncia contra Roby, la dirigente sindical Del Pópolo explicó: “Esto para nosotros es un caso que se debe investigar a fondo y tiene que ver con nuestra defensa del concepto de salud pública que pregonamos, de calidad y para todos. Asimismo nuestro compromiso con la comunidad es que nadie se aproveche del Estado”.