Debido a la grave situación edilicia por la que atraviesa el Hospital Del Carmen que pertenece a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), el delegado de AMPROS Marcelo Mathus sostuvo que de los problemas de infraestructura están en pleno conocimiento las autoridades del organismo, pero que poco se hace para solucionarlos. “Cada vez que llueve, hay inundaciones en algunos sectores. La cantidad de gente que acude es importante y hay 120 camas para una demanda de entre 400 y 600 mil afiliados, cuando por lo menos necesitaríamos 600. Por ello, cuando no hay lugar, los pacientes están obligados a pagar coseguros sumamente significativos- entre 3.000 a 5.000 pesos- para ser internados en otros hospitales.

“El sector de Guardia está absolutamente colapsado por pacientes que permanecen allí por espacio de hasta 36 horas. Hemos contabilizado 32 “internados” en sillas en las guardias esperando su turno; es algo vergonzoso”, destacó el profesional.

En otro orden, denunció que “cuando los profesionales tratan de reubicar a esos pacientes derivándolos a efectores externos, es dificilísimo. La situación es por demás irritante para los afiliados. Están en conocimiento el gobernador, el vicegobernador, Fiscalía de Estado y todas las autoridades de la obra social, ya que AMPROS ha hecho las denuncias en tiempo y forma, sin haber obtenido ninguna respuesta”.

Sin lugar a dudas, más allá de la buena voluntad que tienen los trabajadores a la hora de realizar su tarea, no es suficiente para afrontar las necesidades de los afiliados. Una auditoría del Ministerio de Salud constató que las incubadoras están obsoletas y que los equipos de luminoterapia tuvieron que ser retirados porque presentan serios riesgos.

“Estamos trabajando con falta de insumos debido a que no se le ha pagado a los proveedores. El hospital tiene una deuda que asciende a los 18 millones de pesos entre bienes de capital y servicio. En este momento, estamos ofreciendo a los pacientes una atención que roza la mala praxis por la falta de recursos físicos y materiales”, expresó el doctor Mathus.

Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMPROS, destacó: “Los afiliados estamos en riesgo de muerte con esta obra social ya que no somos atendidos ni en los efectores propios, ni en los públicos ni en los privados por falta de pago de la obra social, es decir, que los aportes de más de 400.000 trabajadores tienen un destino incierto.

“En este momento, sería mucho más beneficioso no tener esta obra social de la cual somos cautivos, ya que por pertenecer a la misma, somos discriminados en hospitales públicos, sabiendo que la salud está al alcance de hasta los extranjeros, tal como sucedió el año pasado con los dos memorándum de los directores de los hospitales Schestakow y Paroissien, que prohibían la atención a los afiliados de la Obra Social de Empleados Públicos, causando una real y efectiva discriminación a todos sus afiliados”, concluyó la licenciada Iturbe.