Luego de la histórica manifestación en defensa del pueblo de Jachal (San Juan) contra la megaminería en la que participó activamente la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, se difundió el video de aquella acción que invitó a sanjuaninos y mendocinos a pensar un futuro sin contaminación para nuestros hijos y nietos.

Recordamos la nota publicada por AMProS para contextualizar:

En una nutrida caravana hacia San Juan, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, la Asociación de Profesionales de San Juan, la CTA, productores y agricultores de General Alvear, organizaciones ligadas a la agricultura y ganadería y la Asamblea por el Agua brindaron su solidaridad y apoyo al pueblo sanjunanino de Jáchal, tras el derrame de cianuro ocasionado por la minera Barrick. Desde La Casita, lugar donde se reúnen las Asambleas del Agua, en calle Patricias Mendocinas de Guaymallén, partió a las 7 de este sábado un camión que provenía desde General Alvear, San Carlos y Tunuyán con bidones de agua que tuvieron como destino final la localidad más afectada.

El vehículo se estacionó en el Estadio Centenario de San Juan a 6 kilómetros de esa capital provincial. Se produjo una concentración de organizaciones gremiales y políticas, con la presencia de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El recorrido final de la caravana tuvo lugar en la localidad de Jáchal, donde se efectuó la entrega del agua recolectada para que fuera distribuida en distintos distritos. ASPROSA hizo entrega de 1.500 litros de agua que fueron trasladados por AMPROS y junto al resto de las entidades, totalizaron 6.000 litros. 

Allí, los representantes de las diversas entidades que apoyan esta causa destacaron la seriedad del informe técnico del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que reveló que sí hubo contaminación con cianuro en el suministro local de agua en la localidad de Jáchal -principal cauce que recolecta el agua de deshielo de la región donde se encuentra la mina metalífera, “aguas arriba”-, originada por una válvula rota de una cañería del sistema industrial instalado por la minera en la cordillera sanjuanina.

El trabajo se realizó tras un encargo de ese municipio y las muestras fueron tomadas, de acuerdo con el relato, desde la localidad sanjuanina al otro día de conocido el siniestro. La responsable del peritaje fue la química María Esther Barbeito. "Los análisis químicos y microbiológicos demuestran la contaminación de la cuenca del río Jáchal con metales pesados en dosis de hasta 14 veces por encima de los valores tolerables según la normativa nacional", señala el documento de la prestigiosa casa de estudios.

"El vertido furtivo del 13 de septiembre producido por la minera Barrick en Veladero contaminó al agua de los ríos de deshielo. Se encontraron aluminio y manganeso en gran proporción, además de arsénico, boro, cloruros y sulfatos, peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona. Además, se detectaron bacterias muy nocivas y difundidas, como la Escherichia coli, en el fluido en la zona donde se originan los ríos montañosos", agrega el informe.

Todas las organizaciones presentes en el acto coincidieron en señalar que el problema más grave es la falta de controles del Gobierno de San Juan a la minera Barrick. “Los estudios de metales de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo fueron refrendados por la Universidad Nacional de San Juan. El gobernador José Luis Gioja decía que la información era falsa y que los valores eran normales. Trabajadores de la misma Barrick Gold, empresa de capitales canadienses que explota la mina, admitieron el derrame de 224 mil litros y por esta causa habrían sido despedidos. Finalmente se confirmó que la cifra fue de más de un millón de litros de agua cianurada”, agregó la doctora María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS.

A su turno, Nora Cortiñas, psicóloga social, activista por los derechos humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, remarcó que “esta es una lucha del pueblo; la megaminería es una violación a los derechos civiles, de la salud, a los derechos que tiene un pueblo de respetar su salud. Contamina el agua, la tierra, el aire y trae problemas a la salud muy grandes. Tiene muchas consecuencias devastadoras”, concluyó.

Finalmente, Del Pópolo ejemplificó que “para evitar la ley 7722 de Restricciones a la actividad minera metalífera, varias mineras han presentado quince recursos de amparo; la Suprema Corte de Justicia de la Provincia tiene que expedirse en forma individual”.  En este sentido, a pesar de que el procurador General de la Corte Rodolfo González falló en contra de la legislación vigente, su dictamen no es vinculante. “Es fundamental demostrar el daño que hace la minería a cielo abierto en cuanto a los cráteres, la destrucción de glaciares y peri glaciares (Veladero), la tremenda contaminación que provoca y que por la falta de controles, es imposible frenar".