Debido a la decisión del Ejecutivo de quitar el ítem de mayor dedicación a numerosos profesionales que se desempeñan en la órbita del estado provincial, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud denuncia que en el Programa Provincial de Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia (Grupo de Alto Riesgo) creado por Ley N°6551, esta decisión repercutirá directamente en la atención de más de 40 efectores distribuidos en toda la provincia.

Así lo aseguró la subdirectora del organismo, Marta Cadelago de Stagni, quien remarcó que 26 profesionales que tenían un cargo efectivo de planta en un hospital y la mayor dedicación en otro, no podrán cumplimentar sus horas vespertinas o nocturnas, debido a la quita de este adicional. “Es una verdadera irresponsabilidad dejar sin atención a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de tanta vulnerabilidad”.

El programa nuclea a 130 profesionales que realizan más de 40.000 prestaciones al año, que incluyen visitas domiciliarias realizadas a través de las denuncias al 102, verificación de casos y posterior tratamiento con un equipo interdisciplinario.

Además, entre otros proyectos en los que trabaja activamente el GAR, tiene capacitación presencial y a distancia tras un convenio firmado con la UNCuyo, prevención en jardines maternales y en las maternidades de los hospitales Lagomaggiore, Paroissien y Carrillo.

Por su densidad poblacional Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz son los departamentos que más atención requieren del Programa y por ende, sus profesionales son quienes con este recorte se vieron más afectados. “Por lo general, tanto médicos, psicólogos como trabajadores sociales no acceden a trabajar en esta temática por las implicancias que conlleva, motivo por el cual los profesionales capacitados y especializados tienen un desempeño por mayor cantidad de horas y son ellos mismos los que capacitan a quienes se van sumando al Programa”, remarcó Marta Stagni.

Sin dudas, la situación que mayor gravedad reviste en el marco del Programa de Maltrato que cumplió 18 años de aplicación, es el trabajo de un equipo interdisciplinario de profesionales de importante trayectoria, que se ha visto cercenado, ya que todas las patas de un caso son fundamentales para realizar un abordaje integral.

“Estamos totalmente de acuerdo en que el Estado deba efectuar  controles, pero aquí en muchos casos, están pagando justos por pecadores”, concluyó María Isabel Del Pópolo, secretaria General de AMProS.