AMProS, Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, denunció hoy ante Fiscalía de Estado a la Dirección General de Escuelas, después de que el organismo tomara la decisión de regionalizar la licitación para la tramitación de licencias por enfermedad a todos los docentes de la provincia.

Cabe destacar que el Servicio de Auditoría Médica (SEAM) audita las licencias largas, la aptitud psicofísica y los cambios de funciones de los educadores. Pero las tareas que están privatizadas en manos de terceros tales como el control de licencias cortas y la ART, son aquellas que tienen un pésimo desempeño y las que objetan mayores reclamos.

Dentro de las irregularidades e incumplimientos, se enmarca el proceso de privatización de la salud laboral que desplaza la prestación de servicios brindada por profesionales de la salud a una empresa privada.

Dos semanas sin respuestas

En este sentido, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud manifestó su preocupación a funcionarios del organismo en una reunión efectuada el 7 pasado y tras la cual no obtuvo respuesta alguna, debido a que quienes allí desempeñan sus tareas no han sido informados oportunamente por el Gobierno Escolar sobre tamaña decisión, por la que el Gobierno Escolar abonará la friolera de 4 millones de pe

sos mensuales, lo cual totalizará 96 millones en dos años de concesión.

“Allí se describe que el servicio a contratar deberá brindar cuatro prestaciones principales: verificación médica domiciliaria y en consultorio de las causas de licencias, organización del servicio de “días caídos” y el recupero de su valor económico y la organización de un servicio profesional para actuar frente a controversias derivadas de esta licitación”, establece la denuncia que lleva la rúbrica de la secretaria General de AMProS, María Isabel Del Pópolo.

La titular de esta entidad gremial aseveró que “llama poderosamente la atención la celeridad con la que se realizará el proceso licitatorio, que no permitirá efectuar una presentación de todas las ofertas existentes para brindar la prestación. Esto genera importantes dudas en torno a la adjudicación del servicio”.

Por su parte, Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMProS, cuestionó “la falta de información y participación a los profesionales involucrados en todos los departamentos, teniendo en cuenta que en numerosas oportunidades han solicitado mayor cantidad de recursos humanos y de infraestructura”.

Una de las quejas más graves es que el conflicto trasvasa a los profesionales y a la entidad privada, ya que hallarán los mismos problemas que tienen ante la falta de respuestas de la ART y la actual empresa concesionaria. A modo de ejemplo, en el caso del incremento de prestación de enfermedades profesionales tales como la disfonía, la ART no ha dado respuestas fehacientes y su resolución depende exclusivamente de ésta, no del Servicio de Auditoría Médica (SEAM).

Debido al avance inminente del proceso licitatorio, la entidad gremial que defiende a los profesionales de la salud efectuó la denuncia ante Fiscalía de Estado. “De proseguir con esto, desaparecerá el control estatal de las licencias docentes que debe tener todo trabajador; por ello solicitamos la inmediata remisión del caso al juez competente o el sumario a los funcionarios responsables de este organismo”, concluyó la doctora María Isabel Del Pópolo, por entender que lo expuesto anteriormente pone en riesgo la vida de los trabajadores del sector público educacional y la fuente de trabajo de profesionales de la salud de Mendoza.