En torno al pedido de creación de una comisión Bicameral de Niñez y Adolescencia que de urgente tratamiento a los proyectos recientemente presentados por la Legislatura Provincial, los cuales no se adecuan a la Ley Nacional 26061, los profesionales de la salud nucleados en Niñez y Adolescencia, las ONG que desempeñan tareas comunitarias con la población más vulnerable y AMProS, mantuvieron un encuentro con autoridades legislativas e integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el viernes pasado.

Participaron el presidente de la Cámara de Diputados Néstor Parés, el presidente del bloque Radical César Biffi y los legisladores Jorge Albarracín y Marcela Fernández. En el encuentro, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud solicitó que tuvieran en cuenta los aportes de los verdaderos efectores de la ley: los trabajadores.

La totalidad de las entidades involucradas sostuvieron que el proyecto de ley del Régimen Jurídico de Protección de las Personas Menores de Edad Nota N°258-L, no ajusta sus contenidos y sus lineamientos principales a la Ley Nacional 26061 ni a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Al respecto, María Isabel Del Pópolo, secretaría General de AMProS, expresó: “Una de las principales disidencias es instalar un tema social desde el ámbito jurídico cuando la perspectiva implica el abordaje interdisciplinario de una problemática tan grave como es la niñez. Y lo más preocupante es que no hay mayor asignación de recursos”.

De concretarse esta normativa, dejará de aplicarse la Ley 26061 de Niñez y Adolescencia y el Ejecutivo volverá atrás con conceptos como el de menor de edad. “Al encuentro invitamos a participar a la titular de FEDEM (Federación de Entidades No Gubernamentales de Niñez y Adolescencia de Mendoza), Graciela Baccarelli, a profesionales de la salud de las áreas de Restitución y OALES de DINAF. Los verdaderos efectores de la ley son ellos, es decir, quienes ejecutarán la ordenanza.

“No hay mayor presupuesto desde la acordada para aplicar la 26061, no hay recurso humano: hay un gabinete escolar cada quince establecimientos educativos. ¿Cómo detectarán los problemas de niñez?”, cuestionó Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS.

En otro orden de cosas, desde la entidad gremial detallaron que antes delimitaban el tiempo en 180 días para resolver un problema o tomar una medida para con el niño. “Ahora, sin mayores recursos, el Estado se haría cargo hasta el final de la situación de vulnerabilidad, pero con los mismos recursos presupuestarios. Extiende los plazos, otorga mayores responsabilidades a los trabajadores, pero no invierte un solo peso más. Por ello, la ley es inviable”, concluyó la doctora Del Pópolo.

Los legisladores se mostraron bastante rígidos en la implementación de cambios y en hacer participar a una comisión bicameral. Mañana a las 9,30 AMProS mantendrá un encuentro con diputados de la oposición para poner en conocimiento sobre esta grave situación.

La entidad gremial solicitó una reunión para el miércoles con la ministra Elisabeth Crescitelli, la cual aún no fue confirmada.