Después de 6 años de descenso de los indicadores de mortalidad infantil y materna en Mendoza, la gestión del gobernador Cornejo y el ministro de salud Montero se enfrentan a un dato que no pueden negar. Durante el 2024 hubo un aumento que llevó la tasa de mortalidad infantil de 5,5 a 7,5, lo que representa un muy preocupante aumento de 36,36%, mientras que la mortalidad materna también registró un aumento en la tasa, que permanecía en 1,5 y subió a 3.

En hospitales públicos colapsados, sin insumos básicos, con profesionales agotados y sin recursos suficientes, cientos de madres y recién nacidos enfrentan un sistema que los ha abandonado.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS aseguró al respecto: “En un contexto en el que los profesionales de la salud de Mendoza se mantienen entre los peores pagos del país y marcado también por el éxodo de recurso humano capacitado a provincias y países donde sí se reconoce su trabajo y los años de capacitación, conocemos este dato aterrador de mortalidad de niños y madres que marca el fracaso de las políticas sanitarias de un Gobierno que cerró maternidades como las de Hospital Carrillo, el Metraux, que en el Valle de Uco queda sólo la maternidad del Hospital Scaravelli. 

En concreto, Mendoza pasó de registrar 111 muertes a 139 niños que murieron antes de cumplir un año. El informe subraya la ya conocida correlación entre las condiciones socioeconómicas y la tasa de mortalidad infantil, lo que además refuerza la necesidad de sostener y fortalecer las políticas públicas de salud materno-infantil.

La mortalidad infantil y materna se relaciona de manera directa con las acciones propias de la política sanitaria de Mendoza y con el estado general de desarrollo de la comunidad. En Mendoza el último año y medio subió 15 puntos la pobreza y el año pasado aumentaron el 20 por ciento los chicos que nacieron con bajo peso.

La falta de controles prenatales que luego derivan en partos complejos es uno de los aspectos que primero se evalúan dentro de este panorama adverso que enfrenta Mendoza, por lo que un deficiente sistema de turnos, falta de profesionales y la falta de recursos y sobre todo de presupuesto en el sistema de salud pública, atenta directamente contra la vida de los mendocinos.

Tanto AMProS en su momento, como organizaciones derechos humanos han sido contundentes respecto a que el Gobierno ha desmantelado programas esenciales de atención prenatal, reducido la inversión y fracasado en la implementación de estrategias de salud materna. El desfinanciamiento, la falta de personal y la burocracia administrativa están costando vidas.

El aumento de la mortalidad materno-infantil no es solo una tragedia sanitaria: es una señal inequívoca de que las políticas públicas actuales no protegen a quienes más lo necesitan. La salud no puede seguir siendo una promesa vacía o un video publicado por el Ministerio de Salud. La situación exige respuestas, pero, sobre todo, soluciones urgentes.