La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) amplió la denuncia ante el Ministerio Público de Defensa, reiterando el incumplimiento del Estado Provincial de Mendoza frente al alarmante incremento de la mortalidad infantil y materna en la Provincia de Mendoza. Durante 2024 la tasa de mortalidad infantil sufrió un aumento de 5,5 a 7,5, lo que representa un 36,36%, mientras que la mortalidad materna registró un aumento en la tasa, que permanecía en 1,5 y subió a 3.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, agregó: “Esta crítica situación no es un hecho aislado, sino consecuencia directa de la negligencia reiterada y sostenida en la gestión pública sanitaria, caracterizada por la ausencia de políticas eficaces, desidia gubernamental y persistente precarización del recurso humano esencial en el sector de la salud”.

La mortalidad se vincula estrechamente con el desmantelamiento de las maternidades de los hospitales regionales, aduciendo que no cumplían las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE); en lugar de complejizar las mismas, cerrándolas y provocando una disminución en la atención a las madres. 

Paralelamente no se tomaron medidas para favorecer a las que quedaron como referentes. En el caso del Valle de Uco, a modo de ejemplo, quedó el Hospital Scaravelli de Tunuyán, pero no se amplió la red de camas ni la Neonatología. También se complica la derivación de madres por multi factores, entre ellos, la falta de ambulancias adecuadas.

Otros componentes son la crisis sanitaria caracterizada por la insuficiencia crítica de profesionales médicos pediatras, neonatólogos y gineco obstetras; la migración continua de profesionales de la salud hacia el sector privado, otras provincias y el exterior, generada por condiciones laborales y salariales desfavorables; el hacinamiento y las condiciones insalubres e inadecuadas en hogares y centros de salud, que comprometen severamente la vida de niños y mujeres embarazadas.

Por los motivos antes expuestos, AMProS solicitó que el Gobierno adopte medidas urgentes para la protección integral del derecho a la salud y vida, producción urgente de informes técnicos, estadísticos y el inicio de investigaciones para determinar responsabilidades.